Aunque el titulo parece bastante mordaz no busca sino llamar la atención, reflexionar sobre el mismo y propender al debate entre quienes somos partidarios, seguidores y defensores del proceso revolucionario, doce años después, aun en construcción; pero que sin duda puede acelerarse en la medida que los militantes de las ideas de la izquierda política asuman una posición crítica y de debate en el marco del respeto y alejados de posturas ciegas, irracionales o politiqueras y, en consecuencia, actuar conforme a los principios constitucionales y la visión de País que deseamos construir. Algunos voceros gubernamentales anuncian, de manera escandalosa, el plan de desarme como una bandera de impacto para combatir la inseguridad en Venezuela, otros un tanto exagerados en sus anuncios, planes o cifras estadísticas parecen abusar de nuestra ingenuidad.
Ya antes, en época del Ministro de Interior y Justicia Pedro Carreño (2007, anunciaba, en estoicas declaraciones, que en su gestión se habían reducido la tasa de delitos en un 0,6 %, comparada con el mismo mes del año anterior; el anuncio de “tal cifra” resultaba mas que ridículo y risible por lo incospiscuo de la misma. Ahora, en el caso de los planes del gobierno nacional, para enfrentar y reducir el problema de la inseguridad en Venezuela, se propone ejecutar un anunciado y publicitado “plan de desarme” como bandera máxima de esta política de seguridad, dejando por fuera otros elementos que en mucho contribuyen para el grave problema de la inseguridad padecido en Venezuela y que, según las cifras oficiales, han venido incrementándose en los últimos años. No haremos mucho énfasis en contrariar la versión del periodista y Director del diario Ultimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, ni la de otros analistas, que basándose en encuestas y consultas realizadas por otros se han esforzado en disminuir el evidente problema de la inseguridad y en enfatizar, mas, una “sensación de inseguridad” percibida por el venezolano” diferente a la realidad.
En lo que respecta al elevado índice de violencia en la sociedad, incluso a nivel del lenguaje verbal, de uso común, no se plantean alternativas concretas que permitan ir disminuyendo este mal hábito que amenaza con convertirse en una seudocultura del venezolano, pese a que los primeros informes basados en estudios de investigadores de la conducta social, desarrollados por profesores universitarios, ya habían sido divulgados en reportajes periodísticos del diario Ultimas Noticias desde hace cuatro años, y que, además, han sido tema de discusión y abordaje por parte de instituciones internacionales adscritas a la ONU con amplio conocimiento en la materia, según las notas periodísticas del año pasado que abordan la problemática a nivel de estudiantes liceístas y otros niveles de la educación; según el diario ya citado. El mas reciente publicado en el diario capitalino el día Domingo ventisiete de Mayo del año dos mil doce en la página tres (Se requieren políticas públicas para enfrentar la violencia. Ultimas Noticias. Domingo 27 de Mayo de 2012. Pag3).
En el ámbito legal se promulgan leyes y modificaciones recurrentes en varios artículos del “cuartorepublicano” Código Orgánico Procesal Penal que hace referencia al aumento de la pena para delitos como el secuestro y hasta llegar a catalogarlo, incluso, como un delito violatorio de los derechos humanos, pero, paradójicamente, este tipo de delitos va en ascenso, en cuanto a las cifras en los últimos tres años; y en una diversidad de modalidades que han inspirado la realización de películas venezolanas de relativa connotación farandulera mas allá de nuestras fronteras. Paralelo a ello, otra gama de reportajes periodísticos ofrecen detalles sobre delincuentes que teniendo un amplio prontuario policial en este tipo de delitos y con elevado grado de notoriedad, como cabecillas de bandas y mafias, se atreven a subir videos en algunas redes sociales de la internet desde donde declaran exigiendo tratos mas justos por parte de sistema judicial encargado de juzgarlos y otros personajes con sus prontuarios, records e historiales son puesto en evidencia en cuanto a sus delitos, gracias a la acuciosidad del periodistas de investigación quienes hurgando en las hemerotecas logran retratar cada situación en una amplitud de casos, en donde luego de capturados y condenados no aparecen ni como privados de libertad ni aun como condenados o solicitados en los registros policiales o dictámenes “en línea” del Tribunal Supremo de Justicia; en una aparente y obligada presunción que este tipo de expedientes pudieran ser, inexplicablemente, limpiados o borrados por parte de alguna mano invisible y poderosa del burocratismo; muy similar al escandaloso caso del DAS colombiano durante el gobierno “Uribista”, de ocho años. Pero no vemos el primer detenido adscrito a las nóminas de las dependencias públicas u organismos responsables de las funciones del debido registro policial venezolano.
En lo que respecta a las acciones del narcotráfico no vemos política alguna, mas allá del decomiso de un lote de fincas, que la prensa bautizó como narco fincas, en el año dos mil siete; además de decomisos de “alijos” de droga con cantidades, relativamente, modestas que no tienen indicador efectivo de medición que permita valorar qué tan eficaces han sido las políticas de decomiso emprendidas por el Estado a mediano y largo plazo, o durante los años de los gobiernos de la cuarta y de la quinta republica; como si las acciones del narcotráfico no tuvieran peso específico y repercusión en cuanto a los índices de criminalidad y fomento en las variadas modalidades del crimen organizado y del hampa común, los cuales han ido incrementándose, acentuándose y estableciéndose en los últimos seis años. En lo que respecta a las cabezas del crimen organizado, es ingenuo pensar que la captura de un cabecilla del narcotráfico como Walid Makled no de a pensar sobre sus seguidores en el negocio o que “el tal negocio” se haya terminado, simplemente, con el procesamiento judicial de tres hermanos detenidos, en particular, en medio de un negocio tan permeable y tan mutante en las formas de continuarlo y preservarlo. En ese mismo orden, es muy llamativo que no se hable de civiles involucrados, de funcionarios del gobierno y de la oposición en un mayor numero de casos, mas allá del caso del magistrado Eladio Aponte, así como otros eslabones superiores o medios de los hombres militares, posiblemente, mezclados directa o indirectamente en estas acciones.
Se deja de lado, y no sutilmente, el problema de las deficiencias en la acción judicial y la presunta lenidad del poder judicial en Venezuela en todas sus instancias y escalas del servicio, que se extienden e incluyen el correcto funcionamiento de la Fiscalía General de la Republica como entidad garante del debido proceso acusatorio que representa al Estado. La Defensoría del pueblo tampoco escapa frente a este penumbroso catalogo de omisiones que, deliberadas o no, deben ser objeto de una revisión y un ”mea culpa” que debería incluirse dentro de las primeras acciones a la hora de elaborar el conjunto de políticas que enfrente el exigente futuro de la Nación, en materia de administración de Justicia. Varias omisiones, tanto en la Fiscalía como en la Defensoría, por parte del Estado, han quedado de manifiesto en los graves, escandalosos y mediáticos sucesos de las cárceles venezolanas, que aun con la designación de un ministerio no ha podido disminuirse. Estas deficiencias del Poder Judicial no solo es exclusiva de la Revolución Bolivariana, ya antes, durante el gobierno adeco, de los años noventa, el Poder judicial había condenado a cárcel a un escritor y periodista por atreverse a publicar sus reflexiones y criticas en un libro que había titulado: “Cuanto vale un juez” y que, posteriormente, fue indultado en el segundo Gobierno de Rafael Caldera.
Relativo a las mafias organizadas, fue notorio el caso de varias organizaciones delictivas que a finales de los años noventa fueron reseñadas por la prensa nacional, y muy organizadamente, cobraban vacunas en el estado Zulia a los propietarios de vehículos que, incluso, colocaban calcomanías y sticker a los vehículos “vacunados” para que otras “bandas de la competencia” no los robaran. Posteriormente, otras mas civilizadas “saltaron al estrellato” con el sonado caso de investigación periodística de “la Revuelta” en donde, inclusive, se encontraban empresas como PDVSA-Zulia. El problema, sin duda, es de vieja data y en épocas de la cuarta republica algunos ministros del interior, de los periodos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, se atrevían a ofrecer declaraciones televisivas en donde manifestaban la existencia de mafias que además de sacar vehículos robados, por vía del contrabando hacia la vecina Colombia, también se encargaban de venderlos a empresas que, posteriormente, los ofrecían legalmente a Ministerios del gobierno colombiano. Incluso, alguno de ellos se atrevió a dar detalles y elaborar un listado de los mismos, que por alguna razón no se concretó, posiblemente por presiones económicas de empresarios vinculados del negocio o de las mafias.
Algunas revistas especializadas (SIC del Centro Gumilla) han publicado trabajos sobre la inseguridad y el crimen en Venezuela, con conocedores del tema, cuyos análisis, un tanto tendenciosos, trazan una línea política que aparenta estar dentro de los limites de la objetividad pero que lejos de contribuir al debate de este flagelo social impiden una discusión ampliada y en mayor profundidad, coarta la posibilidad de discusión entre la gente común y la sociedad en su conjunto, al no lograr colectivizar el problema con un lenguaje accesible, dejando de lado a una gran mayoría de personas que por haber padecido o estar expuestos diariamente el problema, están cansados y muy dispuestos a realizar los aportes. Se habla de la inteligencia popular pero los medios de participación y de denuncias serán nulos si no se cuenta con un Poder judicial y una Fiscalía enérgica en sus acciones y respuestas, o con casos ejemplarizantes en su accionar. De igual manera, con un sistema carcelario colapsado en su totalidad; directores y capitanes enriquecidos, inexplicablemente, “tribus judiciales” conformadas por jueces de quienes se presume las redacciones de dobles sentencias que venden a abogados defensores como al mejor postor; una sola cárcel construida en el lapso de la Revolución, estado Lara; y que hoy ostenta un espectáculo dantesco conocido como “El Coliseo” utilizado por los privados de libertad para dirimir sus diferencias internas por el control de sus fechorías; muy distinto a la visión socialista del “reacondicionamiento” de la conducta de quienes delinquen. Varias naciones de América Latina se han visto envueltas en el auge del crimen urbano en casos emblemáticos de pandillas en El Salvador, Brasil con sus favelas llenas del mercado de la droga, Costa Rica entre otros y, recientemente, México con una violencia generada a partir de los carteles del narco que intentan doblegar, aun mas, las acciones del Estado. Colombia, en donde ha explotado un escándalo que pese al los intentos de opacarla extralimitó sus fronteras y aun continua siendo tema de reseñas reiteradas en los medios internacionales, que desde Europa lo han bautizado como la parapolítica y el Narco-Estado.
Reconocemos las iniciativas de las normativas legales contra la proliferación y venta de juguetes bélicos, por medios electrónicos y que los padres, erróneamente, inculcaban una formación violenta con los juguetes de los niños; reconocemos, además, las decisiones de Fundacredesa con la orden de sacar las narconovelas de la trasmisión televisiva en 2011 y demás programas con alto contenido de violencia; entre otros. Pero falta mucho y, a veces, se tiene la percepción de que pudieran tomarse otras acciones y acelerarse, corregir o acentuar otras ya implementadas. No manejamos el tema de la inseguridad y carecemos de herramientas sociales que permitan abordar el tema en mayor profundidad, pero pueden abordarse campañas televisivas en medios públicos y privados, micros radiales y publicidad generalizada en vallas viales, en la prensa, con ejes temáticos que incidan para una mejor convivencia, talleres formativos o políticas ampliadas, con mecanismos de medición y valoración a mediano y largo plazo que permitan el reajuste en algunas medida, posterior a su valoración en el tiempo y al logro de las metas parciales; inclusive, la incorporación de las empresas informativas privadas que de manera gratuita, o por exigencia del Estado, deberían hacer su aporte a la formación del “hombre nuevo” con valores y principios; y a la reducción de los graves índices de inseguridad al que todos estamos expuestos, desde el mas humilde hasta el mas adinerado.
No se exigen acciones represivas para enfrentar los elevados índices del crimen, menos aun de acciones que violenten los derechos humanos, pero si en regímenes estrictos, como Cuba, el General Ochoa de la Revolución fue detenido y fusilado por sus negocios ilícitos en los años ochenta; tampoco es ingenuo pensar que personeros del alto gobierno puedan estar salpicados por las mafias de toda índole que aquí hacen vida. Tenemos un satélite, tenemos una empresa telefónica nacionalizada (Cantv) que controla y puede hacer el seguimiento a las telecomunicaciones, mantenemos alianzas con la cuba socialista que posee mas de sesenta años de experiencia en espionaje e investigación secreta del crimen organizado, algo podemos hacer; no vengan señores estrategas y asesores del alto gobierno en políticas de seguridad con un único Plan de desarme para enfrentar la creciente y grave inseguridad en nuestro País…Si no se incluyen estas y otras variables no consideradas en este breve escrito, que deben ser expuestas, desarrolladas y discutidas por expertos en la materia, puesto que desconocemos el tema; sencillamente, nos declaramos en duda frente a un anunciado plan de desarme que no aborda otros álgidos aspectos. Mientras escriben los, públicos, intelectuales de la izquierda política como Gerónimo Peres Rescaniere, Luis Brito García, Roberto Malaver, Roberto Hernández-Montoya, Margarita López Maya y otros escritores afectos al proceso revolucionario; hagamos nuestro aporte, aun, con nuestras limitaciones y restricciones.
Finalmente, se recomienda a los lectores interesados en ampliar esta discusión: hacer una lectura y un análisis crítico de este insumo, solamente, entre los seguidores “duros” de este proceso político en aras de no estigmatizar estos aportes como procedentes de un “traidor” o de alguien perteneciente al bando contrario y coptar las posibilidades del debate entre los militantes de la izquierda, verdaderos y genuinos impulsores morales de estos avances.
Fernando Tamayo-Freytez. Sanare, Lara.
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