Un asesino en la Asamblea Nacional

Provea rechaza aval a la impunidad en el caso Masacre de Cantaura y exige voluntad política para sancionar a sus responsables
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)

El lunes 04 de octubre se cumplirán 28 años desde que un operativo militar asesinó a 23 personas en las inmediaciones de la población de Cantaura, estado Anzoátegui. En el año 2005 el Vicepresidente José Vicente Rangel resumió de la siguiente manera aquel suceso: “El 4 de octubre, a las 5:30 de la madrugada de 1982, aviones de la Fuerza Aérea Venezolana, Canberra y Broncos; helicópteros, más de 400 hombres de la Fuerza Armada Nacional, decenas de efectivos de la Disip, procedieron a asaltar un campamento en el cual estaban aproximadamente 40 ciudadanos, mujeres y hombres, en una reunión del partido Bandera Roja, para entonces en armas. Por cierto, allí discutían la posibilidad de reincorporarse a la actividad legal. Ese era el tema fundamental de la reunión. La posibilidad de abandonar la lucha armada para entrar en el campo de la lucha legal”. (http://www.vtv.gov.ve/noticias-nacionales/8268) En esa oportunidad el vocero del alto gobierno expresó que la denominada Masacre de Cantaura constituía “uno de los actos de barbarie más inicuos y peores cometidos en el país”.

Sin embargo, a pesar que como José Vicente Rangel diferentes funcionarios de alto rango han repudiado los llamados “crímenes de la Cuarta República” y se han comprometido a sancionar a sus responsables materiales e intelectuales, algunos hechos concretos promovidos por los sectores oficialistas alientan su olvido e impunidad. Recientemente ha sido elegido como diputado por el circuito 2 del estado Guárico Roger Cordero Lara, uno de los autores materiales confesos y conocidos del ataque con 17 bombas de 250 libras sobre el campamento rebelde hace 28 años. Cordero Lara piloteaba uno de los aviones que bombardeo al núcleo del Frente Américo Silva. Su participación se encuentra debidamente documentada en el expediente sobre el caso, que hoy se encuentra a disposición del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El apoyo a la candidatura por el circuito 2 de Guárico, por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) constituye un aval a la impunidad en el caso, cuya elección obstaculiza las investigaciones que adelanta el Ministerio Público sobre la materia.

Provea desea recordar que el artículo 29 de la Carta Magna establece como obligación de Estado la investigación y sanción de los delitos contra los derechos humanos, cuyos delitos son imprescriptibles. Por otra parte el artículo 25 de la Constitución expresa que ningún funcionario público podrá excusarse al afirmar que obraba en cumplimiento de la “obediencia debida a un superior”, cuando se trate de violaciones a derechos humanos. Por estas razones haber sido favorecido por el voto popular no es argumento para la impunidad. Por tanto es una obligación de la próxima Asamblea Nacional realizar los procedimientos administrativos para la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Roger Cordero Lara, con el fin de no entorpecer el proceso de investigaciones y sanciones adelantadas por la Fiscalía General de la República. Similares consideraciones son aplicables en el caso del diputado electo José Sánchez “Mazuco”, por el circuito 5 del estado Zulia, señalado como presunto coautor de los delitos de tortura y violación del derecho a la vida en perjuicio del ciudadano Claudio Macías.

Al cumplirse el 28 aniversario de la Masacre de Cantaura, Provea exige a los poderes públicos:

1) Pronunciamiento por parte de la Defensoría del Pueblo acerca de la elección de uno de los autores materiales del Caso “Masacre de Cantaura” como diputado a la Asamblea Nacional. Asimismo, un posicionamiento oficial sobre otros casos de diputados electos señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos.

2) El respeto al debido proceso y la voluntad política necesaria por parte de la Fiscalía General de la República en las investigaciones y sanciones a los responsables materiales e intelectuales de la Masacre de Cantaura y de otros casos graves de violaciones a los derechos humanos ocurridos en la década de los 80´s como la Masacre de Yumare, la Masacre de El Amparo y el Caracazo.

3) La desclasificación del expediente sobre la Masacre de Cantaura, por parte del Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia, y su acceso público tanto para los familiares de las víctimas como para el resto de la sociedad venezolana

4) La finalización y divulgación, por parte de la nueva Asamblea Nacional, de la investigación inconclusa anunciada por La Comisión Especial para Investigar los Asesinatos y Desapariciones en los años 60, 70 y 80

5) La realización de los procedimientos administrativos, por parte de la próxima Asamblea Nacional, para levantar la inmunidad parlamentaria del ciudadano Roger Cordero Lara y de otros parlamentarios acusados de violación de los derechos humanos, con el fin de no obstaculizar las investigaciones.